El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos para las economías globales. Según el Banco de España, para 2053, se necesitarán 24,67 millones de extranjeros en edad laboral en España para contrarrestar el envejecimiento y resolver los desajustes en el mercado laboral.
Para mantener constante la tasa de dependencia, el número de extranjeros en edad de trabajar debería ser tres veces mayor que lo proyectado por el INE. Según sus proyecciones, en 2053 habrá 12,3 millones de extranjeros en edad laboral, mientras que para equilibrar la población, se requerirían 37 millones de personas nacidas fuera de España en ese grupo de edad.
«Es decir, en 2053 se necesitarían 24,673 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. Esto no es una estimación del número de inmigrantes que deberían llegar a España, sino en cuanto debería haber aumentado el stock en esa fecha«, explica el organismo.
Desde 2002, más de 10 millones de extranjeros han ingresado a España, lo que equivale a un promedio de medio millón de entradas por año. Esto posiciona a España como uno de los países de nuestro entorno con mayor inmigración extranjera, medida aproximadamente por la tasa de entradas de extranjeros por cada mil habitantes, incluso por encima de Alemania.
Según el INE, la migración podría aumentar la participación laboral en España en 1,6 puntos porcentuales en la próxima década. Aunque la tasa de desempleo es más alta entre extranjeros, esta brecha se ha reducido a la mitad desde la crisis financiera.
No obstante, muchos migrantes recientes carecen de formación universitaria y se concentran en empleos de baja cualificación (como hostelería, comercio o construcción), lo que limita su acceso a puestos especializados. En contraste, alrededor del 60% de los españoles que emigran tienen estudios superiores.
El Banco de España destaca la necesidad de perfiles cualificados y resalta dos medidas clave:
La reforma de la Ley de Extranjería (2022), que flexibiliza el acceso al mercado laboral y permite la contratación de extranjeros en formación.
Los acuerdos migratorios internacionales, en especial el firmado en 2023 con EE. UU., Canadá, México y España, para fomentar la migración regular desde América Central y del Sur.
Reto con las pensiones
El envejecimiento de la población ya está generando un aumento significativo del gasto público, especialmente en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración, una tendencia que se intensificará en los próximos años.
Esta situación añade presión sobre las cuentas públicas, lo que exige un proceso de consolidación fiscal ambicioso a medio plazo. El Banco de España subraya la necesidad de evaluar continuamente la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que las reformas desde 2021 han supuesto mayores compromisos de gasto a largo plazo, no compensados plenamente por los ingresos.
Además, se anticipa una evaluación clave de la reforma de pensiones en el próximo curso, en línea con el informe más reciente de la Comisión Europea. Se menciona la posible activación de la cláusula de salvaguarda, que podría forzar al Gobierno a subir cotizaciones sociales o reducir el gasto si el sistema no es sostenible.
Con alta probabilidad, serán necesarias medidas adicionales para equilibrar el creciente gasto en pensiones en el futuro.
El Banco de España duda sobre la efectividad de los incentivos a la jubilación demorada introducidos por el ex ministro José Luis Escrivá, advirtiendo que este sistema podría reducir el gasto de la Seguridad Social en solo medio punto del PIB. En contraste, la Seguridad Social es más optimista, estimando un ahorro de 1,4 puntos del PIB.
En 2023, el gasto en pensiones (contributivas, no contributivas y clases pasivas) representó el 13,1% del PIB, alcanzando el 28,3% del gasto público. La evolución demográfica anticipa un aumento significativo en el gasto, proyectándose que alcance el 17,3% del PIB en 2050 según la Comisión Europea, o el 16,2% según la AIReF.
Además, el número de pensiones podría subir de 11,1 millones a 16,7 millones.